El drama que vive Tupiza está conmoviendo a todo el pueblo trabajador de nuestro país. Reivindicamos acciones urgentes para devolver normalidad a todos los damnificados. Pero necesitamos también cambiar el modelo económico capitalista que causa estos desastres.
El anuncio de Evo Morales que “para evitar que la derecha utilice el código para desestabilizar al Estado” ha decido abrogarlo todo, no nos sorprende. Es la confirmación de lo que venimos diciendo: este no es un gobierno dictatorial como pretenden derechistas y quienes analizan la coyuntura de manera impresionista. Es un gobierno que la inestabilidad hace más débil.
Medir la representatividad y la misma naturaleza de clases de un movimiento heterogéneo no es fácil. ¿Es racista, de la derecha y de los privilegiados? ¿Tiene adhesión? Intentamos entenderlo con algunos datos objetivos y una panorámica general de la situación nacional.
Es irónico que el gobierno alerte contra la conspiración después de haber reiteradamente ignorado las advertencias a no subestimar las razones y las posibilidades del paro médico.
Archivada la primera etapa de industrialización del gas, con sombras que opacan las luces y sin el esperado retorno económico y político, el solo proyecto estratégico que se encuentre en fase avanzada y podría ser moneda electoral es el de la explotación del litio.
Damos la bienvenida al nuevo año con un optimismo que nace de las mismas razones por las cuales de todo lado se cuidan de su llegada.
Tal y como pensábamos, con la desaceleración económica y la reelección de por medio, el empresariado nacional encarece su “apoyo” al gobierno y le pasa las facturas sociales. El acuerdo entre Evo y los empresarios privados sumará inevitablemente más conflictos a la inestabilidad creciente.
Pacto Fiscal no una consigna igual de digerible y con el mismo impacto como lo fue la Autonomía. Pero, con el MAS a la oposición en toda una serie de plazas clave de los gobiernos locales, decretar concluido el debate en torno a la repartición de los recursos públicos, como lo ha hecho el Consejo Nacional de Autonomías, responde más a una esperanza que al conseguimiento de un acuerdo estable.
La justicia penal boliviana es un rumiante que regurgita infinitas veces todo lo que ingiere para seguir desmenuzándolo. La dilatación de la detención preventiva y de los formalismos procesuales alimentan redes de corrupción y abuso. El nuevo Código Penal pretende reconducir esta arbitrariedad con los métodos de la “revolución democrática y cultural”.
Volante que las y los compañeros de Lucha de Clases estamos repartiendo en células sindicales, colectivos juveniles y que esperamos difundir en el próximo ampliado de la COB.
Peor que en los peores pronósticos. Ni la inclusión de las universidades en el proceso de selección ni candidaturas de acercamiento con la burguesía nacional han logrado dar legitimidad a la elección directa de los jueces. El resultado es además un claro mensaje político que desacomoda los intentos, del MAS y la derecha, de debatir de los comicios de 2019.
Voceros del gobierno han comparado las actuales protestas que han hecho de Santa Cruz el centro del rechazo a la reelección con el movimiento separatista que tuvo su apogeo en 2008. Nos tomamos la cuestión muy en serio, porque en 2008 estuvimos ahí, en el Plan 3000 y en la marcha que arrancó para expropiar a la oligarquía cruceña y, por decisión del MAS, acabó negociando con la misma oligarquía las modificaciones al nuevo texto constitucional.