Economia nacional

El aumento salarial es una catástrofe según los empresarios y un estímulo al crecimiento económico según el gobierno. Sin embargo ni la una ni la otra interpretación corresponde a la realidad.

Lo dijo Evo: el 2017 ha sido el peor año para la economía boliviana durante su gobierno. Mirando a las cifras en sí y en comparación al panorama regional la afirmación parece exagerada. Además la tasa de crecimiento de 2009 fue menor. Sin embargo aquello fue un paréntesis, con efectos muy parciales, en una dinámica de expansión; hoy en cambio la desaceleración es una tendencia que nuestra economía arrastra desde hace casi 3 años.

Archivada la primera etapa de industrialización del gas, con sombras que opacan las luces y sin el esperado retorno económico y político, el solo proyecto estratégico que se encuentre en fase avanzada y podría ser moneda electoral es el de la explotación del litio.

El 3,3% de crecimiento del Producto Interno Bruto en los primeros tres meses de este año es el resultado más bajo desde 2010 en este índice que mide el desempeño de la economía nacional. Sin embargo la tendencia y el contexto actual no son comparables con los de hace casi una década.

Después de dos años de deterioro, las Reservas Internacionales Netas (RIN) se han reducido a menos de diez mil millones de dólares. La noticia, en la portada de todos los principales diarios del país, es utilizada por el empresariado como argumento a favor de dos puntos de su agenda: la liberalización de las exportaciones y la devaluación del boliviano frente al dólar.

El 11 de enero pasado el gobierno ha anunciado la abrogación del Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera (IVME): una parcial reforma tributaria que sigue a la ampliación y aumento progresivo del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y a la revisión de la base de cálculo para el RC-IVA. El gobierno se prepara a afrontar un reforzamiento del dólar causado por la crisis internacional y las políticas monetarias estadounidenses.

A septiembre la inflación acumulada llegó al 5,65% y se espera que el año cierre con un 7,13%, rebasando las perspectivas del gobierno. Más allá de fenómenos coyunturales, esto demuestra el corto alcance de las medidas eclécticas adoptadas para frenar el aumento de precios. Si no se interviene con una política de clases en los problemas estructurales de la economía boliviana, no será posible eliminar este fenómeno que afecta la economía popular.

La multimillonaria indemnización decretada a favor de la Sociedad Boliviana del Cemento (SOBOCE) por la recuperación de 1/3 de las acciones de la Fabrica Nacional del Cemento SA (FANCESA), compromete el entero presupuesto de la Gobernación del Departamento de Chuquisaca, que el último censo nacional demostró ser uno de los más pobres del país. El Gobernador Urquizo ha anunciado que se apelará el fallo y no se pagará “ni un centavo” a SOBOCE. Esta determinación debe ser sostenida por todas las organizaciones sociales a nivel nacional y por la COB: es en batallas como estas que se lucha por la profundización socialista del proceso, en beneficio de las mayorías.

Con la colocación de bonos soberanos a 10 años por un valor de 500 millones de dólares, Bolivia no solo vuelve, después de un siglo, al mercado internacional de capitales sino también entra en el torbellino de la especulación financiera que enturbia las aguas agitadas de la crisis del capitalismo. Con todas las inevitables consecuencias económicas y políticas del caso.