Tras dos décadas del gobierno reformista del Movimiento al Socialismo, entramos a un nuevo capítulo en la historia de la política boliviana. Seamos claros y objetivos, el anterior gobierno de ninguna manera podría considerarse socialista, sin embargo, sería un error como marxistas pensar que nada va a cambiar debido a que seguimos viviendo en el capitalismo y gobernados por un poder burgués.
Cambios fundamentales en el Estado
Para entender el nuevo funcionamiento del Estado en líneas de clase, tenemos que remontarnos a los inicios del gobierno del MAS, un partido que subió al poder sobre los hombros de los obreros, campesinos y pobres que lucharon en el periodo revolucionario de la Guerra del Gas (2003) y la Guerra del Agua (2001). Si bien la llegada de Evo Morales al poder fue posible por una desarticulación del movimiento revolucionario, siendo este desviado al camino de la legalidad burguesa, fue un gobierno donde indudablemente las organizaciones de masas tenían un rol decisivo en las acciones tomadas por el Estado. Esto fue especialmente importante en los primeros años, pues como analizamos en este anterior artículo, los últimos años se caracterizaron por un movimiento obrero totalmente desorientado, cooptado por un gobierno que había llegado al fin lógico del reformismo en un periodo de crisis económica. Aquí radica una de las principales distinciones con Rodrigo Paz, el cual, al ser un político burgués sin ningún lazo con el proletariado ni campesinado boliviano, está dispuesto a imponer el programa de ajuste de la burguesía sin miramientos.
La nueva conformación del gobierno, con ministros siendo en su mayoría miembros tanto de organizaciones financieras internacionales como de agrupaciones de capitalistas nacionales, deja aún más claro el carácter de clase del proyecto actual de Estado. Para nombrar algunos ejemplos:
- Fernando Aramayo, ministro de Relaciones Exteriores, fue miembro del Banco Internacional de Desarrollo, del Banco Mundial (BM) y actualmente es la cara principal del giro diplomático hacia Estados Unidos.
- Jose Luis Lupo, ministro de Presidencia, ha ocupado cargos ministeriales en los mandatos de Paz Zamora, Hugo Bánzer, Jorge ‘Tuto’ Quiroga y desde los primeros días de su nuevo cargo ha tenido reuniones con el FMI, el BM y con el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
- Por otro lado tenemos a José Fernando Romero, ex-presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), en el cargo de ministro de Planificación y Desarrollo.
- Óscar Justiniano, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, ahora está a la cabeza del Ministerio de Desarrollo Productivo. Algo muy importante es que este es el nuevo nombre del ahora disuelto Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Qué alegría para la población boliviana tener a un agroindustrial como responsable del medio ambiente después de la crisis incendiaria del 2024 y que remonta al 2019.
- Finalmente, tenemos a un ex militar, Edgar Morales Mamani, como ministro de Trabajo. Esto significa tener a un representante de los cuerpos armados en defensa de la propiedad privada, como mediador estatal en los asuntos de las organizaciones obreras.
Inmediatamente analizando el tipo de personas que subieron al poder junto con Rodrigo Paz, salta la duda de cómo fue posible que llegase al poder. El pueblo boliviano, además de sus tradiciones revolucionarias, tiene una memoria histórica muy difícil de borrar, que aún recuerda qué ocurrió la última vez que un presidente intentó imponer un modelo económico neoliberal y las consecuencias que tuvo. Esto explica en gran parte el por qué a pesar de una tan extensa y millonaria campaña electoral, el tecnócrata ex vicepresidente de un dictador, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, continuara siendo un candidato tan poco popular a los ojos de las masas, siendo visto favorable mayormente por la burguesía y la intelectualidad pequeñoburguesa. Paz fue muy consciente de eso y tuvo el objetivo claro de apelar con su modesta campaña electoral para ganarse a las bases sociales del país. Consideremos pues, que una parte considerable de la población asocia todos los problemas económicos de los últimos años, no a una crisis capitalista que está golpeando por igual a todos los países de la región, sino a la administración de Luis Arce Catacora. Sin embargo sería erróneo considerar este suceso como un giro a la derecha en la conciencia política de las masas. El recuerdo de los enormes cambios que tuvieron lugar en el gobierno de Morales queda todavía muy vigente en la memoria de las masas, quienes fueron, en un pasado, totalmente excluidas de la vida política por la oligarquía racista que ha protagonizado la historia de nuestro Estado en las últimas décadas.
En todo este contexto de grandes cambios en el escenario, Paz vino a posicionarse como un aliado del pueblo, además aprovechando el masivo apoyo que tuvo su candidato a vicepresidente, el personaje de Edmand Lara. Desde un principio se mostraba como el “ala moderada” de la derecha del país, rechazando la idea de préstamos masivos del FMI o el Banco Mundial. Decía que haciendo cambios internos en el gasto del Estado y luchando contra el derroche de dinero y la corrupción entre funcionarios, sería suficiente para solucionar la crisis económica por la que estamos pasando. ¿Pero qué pasó una vez que triunfó su campaña y ganase con aplastante 54,9%? Se dio un paso atrás en prácticamente todas las promesas hechas previamente: En la primera semana Paz viajó a Estados Unidos a hacer los pedidos de préstamos que tanto había rechazado en sus debates con Tuto. Le dio la espalda a su compañero de binomio, que fue una de las principales razones de su victoria. Hablaba de un cambio radical y renovación total para dar lugar a “nuevas ideas”, y acabó poniendo en puestos de poder a los mismos fósiles que ya estuvieron involucrados en los infames gobiernos neoliberales de los 90s. Toda la palabrería que le sirvió para triunfar fue desechada al tiempo que se empezó a excluir a todas las bases de la política. El descontento de la gran parte de la población que votó por él únicamente debido a la confianza que depositaron en Edmand Lara no tardó en manifestarse. Una desarticulación entre las dos cabezas del Ejecutivo dificultará enormemente la gobernabilidad y operancia del presidente, el cual se muestra desesperado por tener el control de las cosas. La evidencia más clara de esto es el Decreto 5515 que establece “un Despacho Presidencial Virtual”, con el fin de que Lara no pueda tomar ninguna decisión en períodos en que Paz está fuera del país.
Pero a Rodrigo le saldrá muy caro el cálculo. Poco a poco se dará cuenta de que su victoria no significa que tiene vía libre para hacer lo que le plazca en sus correspondientes 5 años, no señor, el proletariado boliviano no es uno fácil de doblegar y suprimir como él pretende mientras intenta posicionarse por encima de la lucha de clases para gobernar cómodamente desde su despacho. Esto quedó más que claro en el “estate quieto” que le dieron y con el cual Paz se vio obligado a dar un paso atrás con el Decreto 5503. Este giro despertará la conciencia de muchísimos obreros que pronto entenderán que el Estado no es su amigo, no vela por sus intereses de clase y que la democracia burguesa para lo único que sirve es para hacer legal el ascenso del burgués de turno que pueda explotarlo mientras enriquece y transfiere el poder a los miembros de su clase. Las distintas formas que tomará la lucha de clases son difíciles de predecir en este momento, pero podemos afirmar que no serán protestas pacíficas, e incluso no sería descabellado el cuestionarnos si será capaz de terminar su mandato.
Curiosamente, otra de las formas en las que se ha demostrado que la burguesía boliviana celebra el nuevo régimen capitalista, es el hecho de que tan solo en un mes el cambio del dólar paralelo haya bajado desde valores tan altos como Bs. 18 a aproximadamente Bs. 9 (comparado al 6.96 oficial). Esto ha ocurrido sin que el gobierno haya decretado una medida monetaria respecto al dólar, lo cuál solo nos lleva a concluir que la ausencia de dólares en realidad se trataba de un sabotaje intencional por parte de nuestros capitalistas a la ya delicada situación económica de los últimos meses de la presidencia de Luis Arce. Ellos se excusarán diciendo que “ahora sí es un gobierno que promete confianza y estabilidad para la economía”, pero realmente esto no significa otra cosa más que ahora tienen a un representante neto de sus intereses de clase a la cabeza del país. Ahora la burguesía está firmemente al volante.
La consecuencia más importante de esta nueva conformación gubernamental, como se menciona antes, será la total exclusión de la clase obrera y del campesinado en la política. A esto además se le suma el hecho de que se están impulsando proyectos de leyes que catalogan todo tipo de bloqueo como un delito con penas de hasta 20 años de cárcel. Esto sumado a la relativa desarticulación de un movimiento obrero sin un programa claro, resulta en el monopolio de la violencia que necesita el Estado burgués para mantener al proletariado a raya, cuyas primeras demostraciones ya han tenido lugar el 8 de noviembre en el botadero de Colcapirhua en Cochabamba, con las dos primeras víctimas mortales de Rodrigo Paz.
Medidas y pretensiones económicas
Ahora pasando al lado de las medidas económicas, es indudable que uno de los acontecimientos más importantes y con más consecuencias a futuro es el Decreto 5503, originalmente emitido el 17 de diciembre de 2025 y abrogado el 11 de enero. Este decreto es una síntesis de la nueva cara del neoliberalismo en Bolivia, entendiendo el neoliberalismo no como una “faceta mala del capitalismo desregulado”, como lo llaman algunos izquierdistas, sino como la conclusión lógica del periodo de crisis económica en el capitalismo: “que la crisis la paguen los pobres”. Si bien este decreto fue formalmente derogado gracias a la presión ejercida por los bloqueos dirigidos por la COB, esta solo es una victoria temporal, pues el gobierno inevitablemente tratará de establecer medidas iguales o muy similares, mediante distintos mecanismos. Por ende, analizamos los siguientes puntos a continuación:
El decreto daba una versión extremadamente simplista de la situación económica actual, declarándola como una “crisis terminal”, mientras por otro lado ignora todas las razones que explican la deplorable condición de Bolivia por su posición como país dominado en el capitalismo mundial. Al mismo tiempo, utilizaba categorías moralistas para transferir toda la responsabilidad a la administración de Arce y Evo, todo esto con el fin de declarar un estado de Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social, que permite al Órgano Ejecutivo tener el control directo del timón, saltándose todos los pasos de la democracia y la legalidad burguesa con el fin de facilitar la toma de decisiones que favorecen al gran capital.
En las Medidas de Estabilización macro financieras se establecía un Régimen extraordinario de promoción y protección de inversiones, el cuál en síntesis decretaba que los contratos de inversión se negocian entre el Estado y el inversionista por decreto supremo, con una aprobación “fast track”. Se establece en el mismo un Régimen Extraordinario de Regulación y Repatriación de Capitales, nombre muy cínico, pues permitía en la práctica exactamente lo contrario. Este Régimen facilitaba la regularización de activos, bienes y divisas, (recursos que se utilizaron en beneficio del capitalista extractivista), sin dar lugar a una persecución administrativa, civil o penal respecto a infracciones previas a la declaración de estos bienes. Se decretó una alícuota del 0% del impuesto correspondiente cuando las divisas de estas inversiones permanecieran al menos 24 meses en el sistema financiero, al igual que un 0% del impuesto cuando los recursos regularizados se destinasen directamente a inversiones productivas. Esto representa una reducción masiva de impuestos, en un país que ya previamente tenía los impuestos más bajos de la región. Algo sumamente alarmante es que toda la información de los tratados establecidos directamente entre las empresas extractivistas y el Estado quedaba protegida bajo confidencialidad absoluta (art. 23). En el mismo, se prohibía el uso de esta información para cualquier proceso administrativo o judicial. Con todo esto, el Estado pretende pasar a ser el garante del capital privado, tanto nacional como internacional.
En el Título III, de Reactivación Económica y Productiva, empezaba con una medida de alivio tributario a los sectores de la economía formal y a trabajadores con ingresos superiores a cuatro salarios mínimos. Todos aquellos que trabajasen en el sector informal o tuvieran un salario menor, es decir, la mayoría de la población quedaban excluidos de este alivio. Esto favorecía desproporcionadamente a la mediana y gran empresa frente a la producción a pequeña escala. También se establecía una depreciación acelerada para los bienes de activo fijo adquiridos en todo el año 2026, representando una gran ventaja a aquellos que ya pueden adquirir maquinaria, reduciéndoles aún más los impuestos en un momento de “emergencia” como se define en la primera parte del decreto. El Estado utilizaría los fondos públicos para absorber parte del riesgo de la actividad económica privada. Todos los artículos en este título del decreto tienen un principio común: enormes beneficios para la burguesía, compensaciones y alivios temporales para la clase media y trabajadores “de cuello blanco” y el ajuste total para los pobres.
El artículo 30, por ejemplo, permitía a empresas que pagan salarios menores a 4 veces el salario mínimo, un beneficio para utilizar el 50% de sus aportes patronales como pago a cuenta del IVA. Esto no incentivaba la creación de trabajos de calidad, sino la contratación de los sectores más precarizados en la pirámide poblacional. A esto se le suma que los beneficios eran temporales, solo de un año, por lo que no se incentivaba la contratación formal, sino la rotación entre empleados para poder mantener el beneficio.
Si bien el Decreto Supremo 5503 fue derogado, el recientemente publicado DS 5516 mantiene en vigencia algunas de sus medidas fundamentales, como la eliminación de los subsidios a los combustibles y el aumento al salario mínimo a Bs. 3.300. En un inicio fue el “gasolinazo” el que agitó a las masas y organizaciones obreras a salir a las calles, antes de que salieran a la luz las medidas perniciosas y brutales que pretendía instaurar el gabinete de Paz. Si bien las masas obreras han puesto un freno temporal a estas pretensiones neoliberales, los nuevos precios de los combustibles siguen siendo un golpe muy duro a la población. Obviamente dentro de los límites del capitalismo era insostenible mantener la subvención, pero admitir esto es solo una verdad a medias. Pues si el gobierno realiza estas políticas de ajuste mientras por otro lado pretende dar todas las posibilidades de salvarse el pellejo a los grandes capitalistas, (maniobrando con bonos y aumentos de salario en un país donde gran parte de los trabajadores pertenece al sector informal y eliminando impuestos a los ricos), el mensaje es más que claro: La crisis la tienen que pagar los pobres.
Todo el análisis de las medidas iniciales de nuestra nueva administración siguen claramente la línea de la privatización y liberalización de la economía. Bolivia, al ser un país capitalista atrasado, tiene una burguesía débil y parasitaria, totalmente incapaz de desarrollar las fuerzas productivas de una manera significativa. Con todos los beneficios que les otorga el Estado, ahora más que nunca tienen vía libre para enriquecerse mientras se les quita todas las dificultades y trabas para sacar su dinero, el cual irá directamente a bancos externos y a paraísos fiscales. Esto contrasta con como nos lo quieren vender los medios liberales, que defienden que “al quitar el Estado tranca, subirá la inversión y la productividad en nuestro país”. Los mismos medios popularizan cada vez más esta idea de que nuestras empresas estatales son deficitarias, con el fin de que no nos preocupemos cuando privaticen empresas clave como Entel o ENDE y se delegue todo el desarrollo económico al capital extranjero que nos acecha, reforzando más nuestra dependencia como país explotado.
Bolivia en el mundo multipolar
Con la nueva conformación del gobierno y su forma de actuar, sale a la luz una de las contradicciones que poco a poco se expresará en conflictos políticos y económicos graves, y nos referimos a la orientación política frente a nuestros principales explotadores imperialistas: China y Estados Unidos. Si bien el gabinete de Rodrigo Paz se muestra sumamente amigable con EEUU, manteniendo reuniones con el secretario de Estado, instituciones financieras del imperialismo yankee y en general dando un giro radical en las relaciones diplomáticas, la realidad en el campo económico contrasta mucho con estas instituciones. Bolivia está, al igual que muchos países de la región, orientada económicamente hacia China, lo cual se evidencia con las millonarias inversiones en el sector extractivo y de construcción que ha realizado el gigante asiático. Y el hecho de que sea el principal socio comercial de todos los países de la región sudamericana. De hecho, el propio Milei, que antes de entrar al poder decía que no haría ninguna negociación con “comunistas”, ahora defiende a capa y espada los tratados con China.
Uno de los resultados más importantes de este giro hacia el capital estadounidense es el Decreto Supremo 5509. Este decreto autoriza a empresas como Starlink a operar sus satélites para ofrecer un servicio de internet en la zona. Esto en realidad significa un caballo de Troya al que ni siquiera podrá acceder económicamente la mayoría del país, mientras que el gobierno alaba esta medida como un paso hacia el fin de la “brecha digital”. A la cabeza de Starlink está la misma persona que el 2019 publicó un tweet diciendo que ellos “pueden hacer un golpe de estado a quien quieran”, refiriéndose a la crisis electoral de Octubre que concluyó con el golpe de Jeanine Añez. Lo que busca realmente Musk es tener una vía de acceso directa al litio de Uyuni, siendo capaz de proveer un servicio para operaciones extractivistas de este material a distancia.
Las contradicciones entre la orientación económica hacia China y la intención de una orientación política a Estados Unidos salen a luz nuevamente en el sector ganadero y agroexportador. Este sector, que representa el 15% del aporte al PIB, depende casi totalmente de las exportaciones de soya y carne a China. Cualquier cambio económico que quisiera imponer Paz en nombre de este giro “ideológico”, chocará inmediatamente con los intereses de un sector muy poderoso y prominente de la burguesía boliviana. Los conflictos incluso están dándose en la metrópoli del imperio, donde como ocurrió con Argentina el año pasado, los granjeros estadounidenses ven un peligro real en las masivas exportaciones de soya de los países sudamericanos que poco a poco van desplazando a las suyas en el mercado mundial. Por lo tanto, ni Trump ni Paz podrán maniobrar fácilmente en este complicado juego con múltiples intereses en juego que chocan entre sí.
Y además de un servicio de internet inaccesible para la gran mayoría de la población, ¿qué más recibimos nosotros? 10.000 becas para que nuestros estudiantes vayan a trabajar en las principales transnacionales tecnológicas y de Software, agravando más aún el problema de la fuga de cerebros que azota a Latinoamerica y beneficia enormemente a los capitalistas de Norteamérica y Europa. Al mismo tiempo, Musk tiene el poder de quitar el servicio de internet a su antojo dependiendo de nuestro posicionamiento en una determinada situación y tiene acceso directo a información confidencial que indudablemente utilizará a su favor. Las nuevas negociaciones para el litio chocarán directamente con los contratos establecidos previamente con empresas rusas y chinas a las cuales Arce previamente entregó en bandeja de plata nuestro preciado recurso, y las cuales no se quedarán con los brazos cruzados ante este escandaloso cambio. E incluso en este terreno la cosa no está tan fácil. Si bien en un principio el gobierno dijo que investigaría más a fondo las negociaciones hechas previamente con Rusia y China para evaluar si seguirían vigentes o no, recientemente el ministro de hidrocarburos Carlos Medinaceli anunció que se respetarán todos los contratos previos. Esto lo intentó disimular diciendo que: “la ideología no pone comida en la mesa” y que respetar los acuerdos previos generará confianza a futuros inversores. Obviamente este es un disfraz para la verdadera presión que los nuevos imperios están ejerciendo al nuevo gobierno que ingenuamente alinearse totalmente hacia Estados Unidos.
Durante cierto tiempo, Paz, como los otros presidentes sudamericanos, intentará distintos malabarismos para maniobrar y conseguir los mayores beneficios (para los burgueses que representa) de estos dos rivales. Sin embargo, tarde o temprano, la voluntad del capital se opone, y cada vez será mayor la presión sobre este gobierno para decidir de qué lado está realmente. Y esta presión no se hará por la vía diplomática de la democracia burguesa, o por conversaciones amigables entre bastidores. No, esta presión se expresará en el aumento de conflictos en nuestro territorio, con demostraciones y provocaciones por los dos países que intentan expandir su respectivo monopolio e influencia en los mercados al igual que su poderío sobre nuestras reservas naturales. Probablemente no vayamos a presenciar eventos de injerencia cruda y dura como el secuestro de Nicolás Maduro ocurrido el 3 de enero de este año, pues nuestro presidente ahora se muestra más que contento en regalar el país a EEUU, sin embargo, sería muy iluso pensar que Donald Trump ve a Rodrigo como un “igual” con quien negociar, y no como un lacayo al que no dudará en estrangular cuando busque más beneficios.
¿Qué nos espera?
Pero ahora intentemos ver un poco al futuro, Sin duda alguna los cambios en la estructura y funcionamiento del Estado tienen repercusiones que ya se están demostrando actualmente y otras que se desarrollarán con el pasar de los años. Sin embargo, este no es el único factor que determinará el devenir de la política boliviana, obviamente el rol determinante en todo proceso histórico lo tiene la clase obrera. Como vimos, con la presión ejercida por los bloqueos, hicieron temblar a la burguesía boliviana, y eso que estos no llegaron a la magnitud de las demostraciones que ocurrieron en años pasados. La clase obrera aún tiene un largo camino que recorrer, a medida que aprende de los errores, lecciones y tradiciones de la historia revolucionaria boliviana, para después sacar nuevas y poderosas conclusiones que eleven su conciencia al punto de que se constituyan como el movimiento que sea capaz de derrocar al capitalismo.
Pero esto no puede quedarse como una fantasía esperanzadora que nos lleve al conformismo y a la inacción: “que se encarguen ellos”. La dirigencia de la clase obrera tiene que estar a la altura de los hechos, tiene que ser capaz de articular las demandas de las distintas clases no burguesas que conforman la sociedad boliviana y trazar hilos conductores claros que lleven al proletariado a asestar el golpe definitivo para deshacernos de esta especie parasitaria endémica llamada burguesía latinoamericana, y posteriormente al monstruo del capital internacional.
Otro factor que jugará un rol muy importante en la consciencia de las masas que se posicionaron detrás de Rodrigo Paz en estas últimas elecciones, es que la situación económica futura será muy incierta y contradictoria. Posiblemente con los préstamos gigantescos que se hará Paz, haya algún que otro marcador macroeconómico que suba temporalmente, (esto se decidirá al final si es que realmente se concretizan las inversiones que tanto alardean de estar atrayendo con las nuevas medidas). Sin embargo, eventualmente será más notorio que estos cambios macroeconómicos no favorecen a todos de igual manera. Los pobres verán cómo algunos capitalistas posicionados en sectores estratégicos se enriquecen enormemente, mientras que la subida de precios y la precarización golpearán de sobremanera a los sectores más vulnerables. Las ilusiones iniciales en que la derecha pondrá las cosas en regla y nos sacará adelante como país se irán apagando a medida que se dificulta cada vez más para el gobierno excusarse en que todo fue “culpa de los 20 años de socialismo”. La desilusión y la pérdida de confianza llevarán al proletariado a fijar la mirada hacia las dirigencias obreras actuales. Con todos los ojos encima, la dirección de la COB tarde o temprano irá mostrando sus limitaciones.
Los pobres y trabajadores bolivianos entonces se verán inicialmente en una necesidad de empujar a la dirigencia actual a la izquierda para que sea capaz de tomar decisiones y emplear tácticas más radicales, (requiriendo inevitablemente una limpieza total por dentro). Pero aún si no pasara esto y la COB no estuviera a la altura, se buscarán nuevas formas de articulación de las organizaciones actuales para crear un movimiento capaz de lograr un cambio radical. Este cambio puede iniciar con la lucha sindical y con medidas inmediatas compatibles con las de un programa de transición, pero tarde o temprano tienen que llevar a cabo las tareas revolucionarias necesarias para abolir el capitalismo y la sociedad de clases. Con el monopolio de la violencia que va ganando el Estado, el calibre de los líderes de la clase será puesto a prueba cada vez más, pues los conflictos serán más frecuentes, impulsados por la crisis orgánica del capitalismo y con ello aumentará la presión para retroceder. Pero en las nuevas luchas que se darán, el proletariado y campesinado boliviano aprenderán nuevamente la lección fundamental: cuando las masas salen a las calles, con una sólida organización y un programa revolucionario claro, ningún policía ni fusil será capaz de detenerlo.